Se presentaron 27 solicitudes de información a diversos sujetos obligados tanto pertenecientes al sector central, como a organismos descentralizados, fideicomisos, organismos constitucionales autónomos, instituciones educativas, partidos políticos e incluso sindicatos a fin de verificar el uso del lenguaje ciudadano, su fundamentación, y principalmente la existencia, vigencia y aplicación de Manuales o Lineamientos para su aplicación.

En las conclusiones, encontramos que es necesaria la cocreación de una política pública, -que abarque tanto la emisión o en su caso, actualización, y difusión, del documento jurídico administrativo que esclarezca el concepto de lenguaje ciudadano, liso, llano o sencillo, así como su aplicación, acompañado de la capacitación necesaria para su utilización-, orientada a prevenir el desconocimiento y/o falta de uso de lenguaje ciudadano en la información y documentación que generan los sujetos obligados del Estado de México, como una herramienta que promueva la transparencia y la rendición proactiva de cuentas.